domingo, 13 de septiembre de 2009

Panorama General, Ecología y Política

Dada la posibilidad de realizar una charla de reflexión sobre la problemática de la basura o los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y su particular vinculación con la actividad socio-económica y cultural de la comunidades contemporáneas, me pareció interesante trabajar en este seminario en una dimensión socio-politica que permitiera pensar cómo el actual arte liberal de gobernar ha institucionalizado ciertas prácticas de intervención desde el Estado en su vinculación con la sociedad y, particularmente, cómo afecta este modelo de pensamiento gubernamental en la temática de la basura que, tanto como problemática se ha convertido en la misma medida en un gran negocio para ciertos grupos de poder instalados en la sociedad actual.

Por lo tanto, me pareció fundamental el planteo previo de Erwin sobre una verdadera desadaptación del hombre a los ciclos fundamentales de la naturaleza, donde el artificio humano supera con creces las etapas de nacimiento y muerte de vastas generaciones humanas, desafectado del mundo contemporáneo de sus generadores, pero que al constituirse en una problemática, como es la basura, ha abierto un discurso nefasto y difundido sobre una posible adaptación del hombre a un entorno en putrefacción y que permite la continuidad de generación de artificios no biodegradables. Por ello, será necesario remarcar el rechazo a este discurso, que sustentan ciertos teóricos aliados al modelo productivo industrial y pregonar por una vuelta del hombre a la naturaleza, de una adaptación a su naturaleza.

A continuación se planteo cómo el pensamiento neoliberal de estas décadas ha fundamentado una relación entre el Estado racional con la sociedad civil. Una vinculación que permite el ejercicio del poder del gobierno o del Soberano sobre los individuos que constituyen su campo de soberanía, en tanto que sujetos de derecho, pero no así sobre sus relaciones y lazos económicos que mantengan entre sí. Esto augura un espacio que será irreductible al poder, constituido por los lazos de beneficios recíprocos entre los individuos económicos; los homo economicus constituyen la clave de un pensamiento de libremercado en el que las inexpugables leyes economicas-racionales permiten a las tendencias de demanda y oferta determinar la supervivencia de los agentes más aptos, en favor de una eficiencia y eficacia “de conjunto”. De esta manera, el arte liberal de gobernar permite una frugalidad en el ejercicio de poder, pues en aquellos espacios que se constituyen como mercados, la intervención será siempre perjudicial, siempre desviada, por lo que contraproducente al interés egoísta y racional del hombre económico que determinará con mayor exactitud qué es lo que considera ventajoso para él y por lo tanto sería para el conjunto.
Una gubernamentabilidad de este tipo dispondrá que la decisión que se arrogan las esferas burocráticas-administrativas sobre la gestión “sustentable” de los RSU sea cotejada a la libre competencia entre los actores económicos más eficientes del “mercado de la basura”, desentendiéndose de los perjuicios que generaría a aquellos otros sujetos sociales que encuentran en el desperdicio humano una fuente de ingresos: microemprendimientos sociales de reciclado, centros de acopiadores, recicladores informales. Es decir, se les negaría el acceso a su quizás última fuente de ingresos a sectores ampliamente arrasados por el flagelo del desempleo, el hambre y el analfabetismo. ¿Qué ocurriría con estos sectores? ¿Podría ser que, justamente, este arte liberal de gobierno deje morir a estos sujetos sociales colectivos? O, en todo caso, ¿palearía la situación con medidas biopolíticas que se fundamenten en la mera “normalización” de sus contextos, permitiendo la mera reproducción de la vida: subsidios, copas de leche, “tallerización de la pobreza”?

De estas pautas del libre mercado directamente relacionadas a una forma liberal de gobierno, se disparó en mi una segunda alerta ante esta incipiente actividad económica respecto al “mercado de la basura”. Este riesgo se encontraría en la apertura a nuevos nichos de corrupción que se arraigarían en la esfera burocrática-administrativa de la gestión “sustentable” de RSU.
Si bien ha sucedido la apertura democrática en la Argentina y la instauración del Estado de Derecho a partir del año 83, es notorio el mantenimiento de prácticas ajenas al ideario de la forma democrática de gobierno en amplios sectores administrativos, lo cual remarca la quiebra institucional que ha generado la intervención del ejército en el gobierno y su monopolio del poder político y la relación de patronato sobre la sociedad civil. Entonces, el Estado, si bien abierto a la participación y competencia entre partidos políticos desde el ‘83, sólo se ha encontrado expuesto a una “balcanización”. Balcanización en el sentido de fragmentación en “facciones” de intereses ajenas al respeto de los ideales de sujeción a un Estado de Derecho y sí, en cambio, sujetas a vínculos de pertenencia a neo-corporaciones que mantienen un estrecho vínculo entre la esfera burocrática-política y la sociedad civil.
La constitución de círculos corporativos dentro de la esfera burocrática-politica del Estado, determina la posibilidad del ejercicio del interés privado en desmedro del “interés público” siempre legitimado por el grupo de pertenencia que garantiza un “circulo de impunidad”. Este círculo corporativo burocrático-político será el que estará en contacto con la sociedad civil y sus actores económicos, los cuales al constatar la práctica diferente a la legal se movilizarán por su protección ante arbitrariedades que puedan afectar sus negocios. Esta situación puede constituir un caldo de cultivo propicio a la corrupción, donde las empresas que actúan en áreas de monopolio decisorio del Estado pueden llegar echar mano a intercambios económicos con los “políticos de negocios” para resguardar sus segmentos de mercado de interferencia de otras empresas.
Esto, si lo llevamos al nivel de la vinculación entre la esfera burocrática-administrativa que tiene a cargo la decisión monopólica sobre cómo desarrollar una gestión “sustentable” de los RSU en un arte liberal de gobernar, puede implicar la coalición entre sectores económicos monopólicos o carteles de empresas de gestión de residuos con el sector burocrático-político a través de un intercambio de recursos extra-legales apropiados por la corporación burocrática y el servicio de “protección” del mercado apropiado políticamente por las empresas, evitando toda otra injerencia de empresas que compitan en su negocio y las obliguen a reducir precios.

Lic. Darío Blanco Cariaga, 12 de septiembre de 2009.

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